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El Tribunal de Contratación Pública conoció de una acción de impugnación presentada por…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2019

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció de una acción de impugnación presentada por un oferente en contra de una municipalidad, tras declararse desierta una licitación pública para la conservación de establecimientos educacionales. El actor sostenía que la decisión era ilegal, pero el tribunal concluyó que la declaración de desierta estaba suficientemente fundada: la municipalidad actuaba como mandataria del Gobierno Regional, y este último no dio su visto bueno a la propuesta de adjudicación ni otorgó la disponibilidad presupuestaria, por lo que la entidad licitante no tenía otra opción que poner término al proceso, aplicando el artículo 8° de la Ley N° 19.880. En consecuencia, el tribunal rechazó la acción de impugnación y dispuso que cada parte pagara sus costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Es ilegal declarar desierta una licitación pública si la municipalidad no cuenta con el visto bueno del Gobierno Regional ni disponibilidad presupuestaria?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública concluyó que la declaración de desierta estaba suficientemente fundada, pues la municipalidad actuaba como mandataria del Gobierno Regional y este no dio su visto bueno ni otorgó la disponibilidad presupuestaria, por lo que no tenía otra opción que terminar el proceso.

¿Qué fundamento debe tener una municipalidad para declarar desierta una licitación pública?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública estimó que la declaración de desierta estaba suficientemente fundada, ya que la municipalidad, como mandataria del Gobierno Regional, no obtuvo el visto bueno ni la disponibilidad presupuestaria de este, aplicando el artículo 8° de la Ley N° 19.880.

¿Procede la acción de impugnación contra la declaración de desierta de una licitación pública si la entidad licitante no tiene disponibilidad presupuestaria?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación al concluir que la declaración de desierta estaba suficientemente fundada, porque la municipalidad no contó con el visto bueno ni la disponibilidad presupuestaria del Gobierno Regional, y dispuso que cada parte pagara sus costas.

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