El Tribunal de Contratación Pública acogió la acción de impugnación de una sociedad en…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2025
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública acogió la acción de impugnación de una sociedad en contra de la Municipalidad de Cabildo por la licitación “Conservación Emergencia Escuela Básica G-45 La Vega”. La recurrente alegó que la adjudicataria no acreditó experiencia y que su oferta fue mal evaluada en el criterio “Programa de Integridad y Compliance”, recibiendo puntaje mínimo pese a cumplir con la declaración jurada exigida. El tribunal concluyó que la evaluación fue ilegal y arbitraria, pues la administración se apartó de las bases de licitación al invocar un dictamen de la Contraloría. Se declararon ilegales el informe de evaluación, el anexo de la comisión evaluadora y el decreto de adjudicación, y se reconoció a la actora el derecho a reclamar indemnizaciones y responsabilidades ante otras sedes. Cada parte pagó sus costas.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Privada
Preguntas frecuentes
¿Puede la comisión evaluadora de una licitación pública asignar puntaje mínimo en un criterio si la oferta cumple con lo exigido en las bases?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública concluyó que no: la evaluación fue ilegal y arbitraria porque la administración se apartó de las bases al asignar puntaje mínimo en el criterio "Programa de Integridad y Compliance", pese a que la oferta cumplía con la declaración jurada exigida.
¿Qué ocurre si la municipalidad invoca un dictamen de la Contraloría para apartarse de las bases de una licitación?
En este caso, el tribunal sostuvo que la administración no puede apartarse de las bases de licitación para aplicar un dictamen de la Contraloría, y por ello declaró ilegales el informe de evaluación, el anexo de la comisión evaluadora y el decreto de adjudicación.
¿Qué efectos tiene la anulación de una adjudicación en una licitación pública en Chile?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública acogió la impugnación y reconoció a la empresa demandante el derecho a reclamar indemnizaciones y responsabilidades ante otras sedes, dejando cada parte con el pago de sus costas.
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