Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta formulada por un diputado, a través de la Cámara de Diputados, respecto de dos materias: las prohibiciones legales que afectan a autoridades y funcionarios públicos para intervenir en campañas electorales, y la posibilidad de realizar actividades de campaña, como reuniones con electores o el almacenamiento y exhibición de material propagandístico, en sedes parlamentarias financiadas con recursos de la Cámara o del Senado. Respecto de la primera materia, el organismo remitió copia de oficios anteriores que impartieron instrucciones con motivo de las elecciones municipales de 2016. En cuanto a la segunda, recordó que sus funciones se ejercen fundamentalmente sobre los órganos de la Administración del Estado, sin perjuicio de controles excepcionales previstos en normas especiales. Concluyó que sus facultades fiscalizadoras no alcanzan a los recursos públicos de los órganos del Congreso Nacional, por lo que se abstuvo de intervenir e informar sobre ese asunto, según el criterio del dictamen N° 36.745, de 2008.