Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de emitir pronunciamiento sobre un requerimiento relativo al reintegro de una funcionaria de la Superintendencia de Educación, cuya contratación no había sido renovada. El organismo fundó la abstención en que la misma exfuncionaria había deducido un recurso de protección por los mismos hechos, rechazado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, y en que el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336 impide a la Contraloría intervenir en asuntos sometidos a los tribunales, incluso cuando ya existe sentencia de término. Por ello, dejó sin efecto el dictamen N° 26.376, de 2017, que había desestimado la reconsideración de un pronunciamiento previo, porque al momento de su emisión el organismo no había sido informado de la acción judicial.