La Contraloría General de la República resolvió que el procedimiento del artículo 10 de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República resolvió que el procedimiento del artículo 10 de la ley N° 18.918 no resulta aplicable a las solicitudes de pronunciamiento jurídico presentadas ante dicho organismo. Esto, a propósito de una petición formulada por un diputado para que se informara sobre la legalidad de la contratación de servicios audiovisuales por parte del Gobierno. El órgano de control señaló que dicha presentación se enmarca en sus facultades constitucionales y legales para emitir dictámenes vinculantes sobre la legalidad de los actos de la Administración, conforme al artículo 98 de la Constitución y al artículo 6° de la ley N° 10.336, lo que difiere de los informes o antecedentes en poder de un órgano administrativo a que alude el artículo 9° de la ley N° 18.918. En consecuencia, no procede aplicar el procedimiento del artículo 10 de ese texto legal, y se ordenó transcribir la decisión al diputado requirente.
Normas citadas
ley 18918 art/10
ley 18918 art/9
pol art/98
ley 10336 art/6 inc/3
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Se aplica el procedimiento del artículo 10 de la ley 18.918 a las solicitudes de pronunciamiento jurídico presentadas ante la Contraloría?
En este caso, la Contraloría General de la República resolvió que no. Señaló que las solicitudes de pronunciamiento jurídico se enmarcan en sus facultades para emitir dictámenes sobre la legalidad de los actos de la Administración, por lo que no procede aplicar ese procedimiento.
¿Qué diferencia hay entre un dictamen de la Contraloría y los informes a que alude el artículo 9 de la ley 18.918?
En este caso, la Contraloría distinguió que los dictámenes vinculantes sobre legalidad, fundados en el artículo 98 de la Constitución y el artículo 6 de la ley 10.336, son distintos de los informes o antecedentes que un órgano administrativo tiene en su poder y que regula el artículo 9 de la ley 18.918.
¿Qué ocurre cuando un diputado pide a la Contraloría informarse sobre la legalidad de una contratación del Gobierno?
En este caso, la Contraloría trató la petición de un diputado sobre la legalidad de la contratación de servicios audiovisuales como una solicitud de pronunciamiento jurídico dentro de sus facultades. Ordenó transcribir la decisión al diputado requirente.
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