El Tribunal Constitucional conoció de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstit…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por el demandado de una causa de indemnización de perjuicios tramitada ante el Juzgado de Letras de Puerto Varas. Se cuestionaba la aplicación del artículo 683 del Código de Procedimiento Civil en la interpretación dada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que entendía que el impulso procesal recae exclusivamente en el juez y que crea una excepción al abandono del procedimiento. La parte requirente sostenía que dicha interpretación constituía una extralimitación judicial que usurpaba funciones del Poder Legislativo y vulneraba el principio de separación de poderes. La gestión pendiente se encontraba activa tras la revocación de una declaración de abandono del procedimiento. El texto del requerimiento pide declarar inaplicable dicho precepto para ese caso concreto.
Normas citadas
Artículo 93, numeral 6°, Constitución Política de la República
Artículo 683, Código de Procedimiento Civil
Artículo 42 inciso final, Ley N° 17.997
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Preguntas frecuentes
¿Puede el demandado en un juicio de indemnización de perjuicios presentar un requerimiento de inaplicabilidad contra una norma procesal?
En este caso, el demandado de una causa de indemnización de perjuicios tramitada ante el Juzgado de Letras de Puerto Varas presentó el requerimiento. La gestión pendiente seguía activa tras la revocación de una declaración de abandono del procedimiento, lo que el resumen público muestra como el contexto que habilitó el requerimiento.
¿Qué efecto tiene la declaración de abandono del procedimiento en un juicio civil cuando el juez debe impulsar la causa?
En este caso, el requerimiento cuestionaba una interpretación según la cual el impulso procesal recae exclusivamente en el juez, que crea una excepción al abandono del procedimiento. La gestión se mantuvo activa tras la revocación de una declaración de abandono, pero el resumen público no informa cómo resolvió el Tribunal Constitucional el requerimiento.
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