El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley N° 18.290, que exigía cumplir efectivamente un año de pena privativa de libertad antes de acceder a penas sustitutivas. La mayoría acogió parcialmente el requerimiento, sosteniendo que la norma vulneraba los principios de igualdad ante la ley, proporcionalidad, legalidad y debido proceso, al restringir la facultad del juez para decidir según las particularidades del caso y del condenado, generar una diferencia de trato sin justificación razonable respecto de otros delitos de similar o mayor gravedad, y no ser compatible con los fines resocializadores de la pena. El fallo también recuerda que las penas sustitutivas constituyen una forma legítima de cumplimiento orientada a la reinserción social. Una parte de los ministros disintió. El Tribunal no prosiguió con el análisis de la casación formal en el caso concreto, pues estimó que el sistema de recursos existente y la facultad correctiva del tribunal superior resguardan un proceso racional y justo.
Normas citadas
artículo 768, inciso 2, de Código de Procedimiento Civil
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDerecho Al RecursoImprocedencia recursivaRecurso de casaciónIgualdad ante la Ley
Preguntas frecuentes
¿Las penas sustitutivas son una forma legítima de cumplimiento de la pena en Chile?
En este caso, el Tribunal sostuvo que las penas sustitutivas constituyen una forma legítima de cumplimiento de la pena, orientada a la reinserción social del condenado, por lo que una norma que las restrinja debe ser compatible con esa finalidad resocializadora.
¿Puede el Tribunal Constitucional revisar la casación formal en un caso concreto por inaplicabilidad?
En este caso, el Tribunal no prosiguió con el análisis de la casación formal, pues estimó que el sistema de recursos existente y la facultad correctiva del tribunal superior resguardan un proceso racional y justo.
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