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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Declaró que el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 es inconstitucional en su aplicación al caso concreto, por vulnerar los principios de proporcionalidad y racionalidad de las penas (artículos 19 N°2 y 19 N°3 de la Constitución), al excluir ciertos delitos del acceso a penas sustitutivas, afectando la reinserción social. En cambio, rechazó la impugnación contra el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, por estimar que no afecta la individualización judicial de la pena ni los principios de proporcionalidad e igualdad, pues el control de armas es un bien jurídico constitucionalmente protegido y el legislador puede fijar penas más severas por razones de seguridad pública.

Normas citadas

  • artículo 768, inciso 2, de Código de Procedimiento Civil
  • Constitución Política, artículo 71, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 76, inciso cuarto
  • Constitución Política, artículo 8, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 85, inciso segundo
  • Constitución Política, artículo 94, inciso cuarto
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDerecho Al RecursoImprocedencia recursivaRecurso de casaciónIgualdad ante la Ley

Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable una exclusión de penas sustitutivas por ser desproporcionada en un caso concreto?

Sí. En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y declaró inconstitucional, en su aplicación al caso concreto, el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por vulnerar los principios de proporcionalidad y racionalidad de las penas y afectar la reinserción social.

¿Es constitucional que la ley establezca penas más severas para los delitos de control de armas?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación contra el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, al estimar que no afecta la individualización judicial de la pena ni los principios de proporcionalidad e igualdad. Consideró que el control de armas es un bien jurídico constitucionalmente protegido y que el legislador puede fijar penas más severas por razones de seguridad pública.

¿Cuándo procede el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional?

En este caso, el Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el que impugnó normas penales por su aplicación en un proceso concreto. Lo acogió en parte y lo rechazó en parte, según la norma y el reproche constitucional examinado.

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