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El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 318 del Código Penal, declarando que dicho precepto vulnera el principio de legalidad penal (artículo 19 N°3 inciso noveno de la Constitución) al no describir expresamente una conducta punible, delegando su tipificación a normas infralegales como resoluciones de la autoridad sanitaria. El Tribunal sostuvo que el legislador no puede delegar la definición de conductas sancionables penalmente a normas de rango inferior, pues ello contraviene la separación de poderes y genera inseguridad jurídica. Asimismo, señaló que la variabilidad de las resoluciones sanitarias durante la pandemia refuerza la necesidad de que las conductas penales sean claras y determinadas por la ley. En la parte resolutiva, el Tribunal confirmó que no se infringen las garantías del debido proceso, pues existen mecanismos de revisión judicial que resguardan un proceso justo y racional.

Normas citadas

  • artículo 768, inciso 2, de Código de Procedimiento Civil
  • Constitución Política, artículo 6, inciso tercero
  • Constitución Política, artículo 7, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 8, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 8, inciso segundo
  • Constitución Política, artículo 8, inciso tercero
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDerecho Al RecursoImprocedencia recursivaIgualdad ante la LeyRecurso de casación

Preguntas frecuentes

¿El artículo 318 del Código Penal es inconstitucional por vulnerar el principio de legalidad penal?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró que el artículo 318 vulnera el principio de legalidad penal, porque no describe expresamente la conducta punible y deja su definición a normas infralegales como resoluciones de la autoridad sanitaria.

¿Puede el legislador delegar en resoluciones sanitarias la definición de conductas sancionables penalmente?

En este caso, el Tribunal sostuvo que el legislador no puede delegar la definición de conductas penales a normas de rango inferior, pues ello contraviene la separación de poderes y genera inseguridad jurídica.

¿Las garantías del debido proceso se ven afectadas por la norma penal sanitaria cuestionada?

En este caso, el Tribunal confirmó que no se infringen las garantías del debido proceso, porque existen mecanismos de revisión judicial que resguardan un proceso justo y racional.

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