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El Tribunal de Contratación Pública conoció una demanda de impugnación presentada por u…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2023

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció una demanda de impugnación presentada por una empresa oferente contra la adjudicación de una licitación pública para la adquisición de un microscopio quirúrgico de neurocirugía, convocada por el Servicio de Salud Biobío. La empresa sostenía que la Comisión Evaluadora habría incurrido en ilegalidades al adjudicar pese al supuesto incumplimiento de requisitos formales y de presentación de documentos obligatorios por parte del oferente adjudicado. El tribunal concluyó que el Informe Final de la Comisión Evaluadora y la resolución que adjudicó la licitación no pueden calificarse como ilegales o arbitrarias, pues se dictaron conforme al mérito de las ofertas y a las bases de licitación. En consecuencia, rechazó la demanda y no condenó en costas a la demandante por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Puede un oferente impugnar la adjudicación de una licitación pública si cree que el adjudicado no cumplió los requisitos formales?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública conoció la impugnación de un oferente que alegaba que la adjudicación era ilegal por incumplimientos formales del adjudicado. El tribunal rechazó la demanda al concluir que el Informe Final de la Comisión Evaluadora y la resolución de adjudicación se dictaron conforme al mérito de las ofertas y a las bases de licitación.

¿Cuándo se considera ilegal o arbitraria la adjudicación de una licitación pública en Chile?

En este caso, el tribunal sostuvo que la adjudicación no era ilegal ni arbitraria, porque se ajustó a las bases de licitación y a la evaluación de las ofertas. Por ello, no acogió la alegación de ilegalidad por supuestos incumplimientos formales.

¿Se condena en costas al oferente que pierde una demanda de impugnación de una licitación pública?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública rechazó la demanda, pero no condenó en costas a la demandante. Lo fundó en que la empresa tuvo motivos plausibles para litigar.

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