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El Tribunal Constitucional acogió una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalida…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2011

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 118 quáter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el marco de un juicio ambiental. La norma establecía una presunción de derecho que impedía al demandado desvirtuar la existencia del daño ambiental, alterando la carga de la prueba y restringiendo severamente el derecho a defensa. El Tribunal estimó que ello vulneraba el debido proceso del artículo 19 N° 3 de la Constitución, pues desnaturalizaba el procedimiento ante los tribunales ambientales, diseñados para evaluar pruebas bajo criterios de sana crítica y fundamentos técnico-científicos. Además, señaló que la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente es autosuficiente para regular los presupuestos del daño ambiental, sin necesidad de recurrir a presunciones externas. En consecuencia, declaró inaplicable el precepto legal en el caso concreto.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 1, inciso cuarto
  • Constitución Política, artículo 6, inciso segundo
  • Constitución Política, artículo 7, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 9
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 24
  • Constitución Política, artículo 93, inciso primero, numeral 9
  • Constitución Política, artículo 93, inciso decimocuarto
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadAutoresDerecho A La Protección De La Vida PrivadaDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesDerecho A La VidaDerechos Implicitos

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional una presunción de derecho que impida al demandado desvirtuar la existencia del daño ambiental en un juicio ambiental?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió una acción de inaplicabilidad y declaró inaplicable el artículo 118 quáter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, porque la presunción de derecho alteraba la carga de la prueba y restringía severamente el derecho a defensa, vulnerando el debido proceso.

¿Puede el legislador establecer presunciones de daño ambiental fuera de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente?

En este caso, el Tribunal sostuvo que la Ley N° 19.300 es autosuficiente para regular los presupuestos del daño ambiental, por lo que no era necesario recurrir a presunciones externas como la contenida en la norma impugnada.

¿Afecta el debido proceso que los tribunales ambientales queden impedidos de evaluar pruebas bajo criterios de sana crítica?

En este caso, el Tribunal estimó que la presunción desnaturalizaba el procedimiento ante los tribunales ambientales, diseñados para evaluar pruebas bajo sana crítica y fundamentos técnico-científicos, lo que vulneraba el debido proceso del artículo 19 N° 3 de la Constitución.

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