Una trabajadora social contratada a honorarios por la Ilustre Municipalidad de Pedro Ag…
Sentencia · Corte Suprema · 2024
Resumen
Una trabajadora social contratada a honorarios por la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda durante más de siete años demandó el reconocimiento de una relación laboral, la nulidad del despido y el pago de prestaciones laborales, sosteniendo que sus funciones eran habituales y que existía subordinación y dependencia. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel rechazó la demanda en todas sus partes, al estimar que la contratación a honorarios de profesionales conforme al artículo 4° de la Ley N°18.883 fue válida y que la subordinación alegada no bastaba para desconocer la naturaleza jurídica del contrato. Asimismo, no condenó en costas a la demandante, por considerar que tuvo motivo plausible para litigar.
Normas citadas
Artículo 4° Ley N°18.883
Artículos 3°, 7°, 8°, 9° Código del Trabajo
Artículos 41, 420, 425-432, 434-438, 440-462 Código del Trabajo
Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales
Artículo 144 Código de Procedimiento Civil
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Preguntas frecuentes
¿Un profesional contratado a honorarios por una municipalidad puede demandar que se reconozca una relación laboral si cumplía funciones habituales?
En este caso, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel rechazó la demanda, al estimar válida la contratación a honorarios conforme al artículo 4° de la Ley N°18.883 y que la subordinación alegada no bastaba para desconocer la naturaleza del contrato. La sentencia de la Corte Suprema se refiere a este fallo.
¿Se puede anular el despido de un funcionario municipal contratado a honorarios que reclama el pago de prestaciones laborales?
En este caso, el tribunal no acogió la nulidad del despido ni el pago de prestaciones, porque consideró que la relación era a honorarios y no laboral. Por ello, la demanda fue rechazada en todas sus partes.
¿Debe pagar costas en juicio laboral una trabajadora que demanda a una municipalidad y pierde el caso?
En este caso, el tribunal no condenó en costas a la demandante, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar. Esta decisión se mantiene en el marco del rechazo de la demanda.
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