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La Dirección del Trabajo se pronunció, mediante dictamen, sobre una consulta formulada…

Dictamen · Dirección del Trabajo · 1999

Resumen

La Dirección del Trabajo se pronunció, mediante dictamen, sobre una consulta formulada por la Administración y Finanzas de la Municipalidad de Lota respecto de los directores de una asociación de funcionarios constituida en esa municipalidad. Se resolvió que los directores pueden acumular el permiso adicional especial del artículo 33 de la Ley 19.296, sólo por el período de dos años y sin necesidad de aviso previo a la jefatura superior de la repartición. Asimismo, se concluyó que resulta jurídicamente procedente que las asociaciones de funcionarios adquieran bienes de toda clase a título de donación, en base a los artículos 39 y 40 de la misma ley. Se explicó que la prohibición de la letra f) del artículo 82 de la Ley 18.883 recae en la persona natural del funcionario y no en la persona jurídica, y que la interpretación final de dicha disposición compete exclusivamente a la Contraloría General de la República.

Normas citadas

  • Ley 19.296
  • Artículo 33 de la Ley 19.296
  • Ley N° 18.883
  • Artículo 82 de la Ley N° 18.883

Preguntas frecuentes

¿Los directores de una asociación de funcionarios municipales pueden acumular el permiso adicional del artículo 33 de la Ley 19.296?

Según este dictamen de la Dirección del Trabajo, sí: los directores pueden acumular el permiso adicional especial del artículo 33 de la Ley 19.296, sólo por el período de dos años y sin necesidad de aviso previo a la jefatura superior de la repartición.

¿Puede una asociación de funcionarios municipales recibir bienes a título de donación?

En este caso, la Dirección del Trabajo concluyó que es jurídicamente procedente que las asociaciones de funcionarios adquieran bienes de toda clase a título de donación, conforme a los artículos 39 y 40 de la Ley 19.296.

¿La prohibición de la letra f) del artículo 82 de la Ley 18.883 afecta a la asociación o al funcionario?

El dictamen explica que esa prohibición recae en la persona natural del funcionario y no en la persona jurídica de la asociación, aunque la interpretación final de esa disposición corresponde exclusivamente a la Contraloría General de la República.

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