El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido en contra de Carabineros de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, por la negativa a entregar las hojas de vida de cuatro funcionarios consultados. El Consejo fundó su decisión en que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, obligación de rango constitucional que exige transparentar las actuaciones de los funcionarios de la Administración del Estado. Por aplicación del principio de divisibilidad, ordenó entregar la información tarjando los datos personales de contexto, y especificando las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, conforme a la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. Se ordenó a Carabineros cumplir en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, acreditando la entrega ante el Consejo. Contra esta resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, en el plazo de 15 días corridos.
Normas citadas
Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
amparoDecisión de FondoOrden y Seguridad Interior
Preguntas frecuentes
¿Las hojas de vida de funcionarios de Carabineros son información pública o pueden mantenerse en reserva?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó a Carabineros entregar las hojas de vida de cuatro funcionarios, fundándose en la obligación constitucional de probidad y transparencia de la función pública.
¿Cómo se protegen los datos personales al entregar la hoja de vida de un funcionario público?
En este caso, el Consejo aplicó el principio de divisibilidad y ordenó entregar la información tarjando los datos personales de contexto, conforme a la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada.
¿Qué sanciones de un funcionario público deben informarse en una solicitud de transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó especificar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas por los funcionarios consultados. Contra esta resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en 15 días corridos.
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