La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un ex funcion…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un ex funcionario de la Municipalidad de Rancagua, exonerado por motivos políticos, que pedía el reconocimiento de una pensión no contributiva de invalidez y del desahucio regulado por la ley N° 11.219. El Instituto de Previsión Social informó que no cumplía los requisitos. El órgano contralor concluyó que no reunía las 60 imposiciones mensuales que exige el artículo 15 de dicha ley, y que el plazo de cinco años para reclamar el desahucio ya estaba vencido desde su exoneración en 1987. Asimismo, según su jurisprudencia, el artículo 6° de la ley N° 19.234 exige que el exonerado político tuviera el tiempo computable en una institución previsional antigua a la fecha de su cese, lo que no ocurrió. Por no aportar antecedentes nuevos, el organismo resolvió no reconocer los beneficios y ratificó el dictamen N° 66.677, de 2011.
Normas citadas
ley 11219 art/15
ley 19234 art/6
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Qué requisito exige el artículo 6° de la ley 19.234 para que un exonerado político acceda al beneficio?
Según la jurisprudencia citada por la Contraloría, el exonerado debe tener tiempo computable en una institución previsional antigua a la fecha de su cese. En este caso, ese requisito no se cumplió, por lo que el organismo no reconoció los beneficios.
¿Puede la Contraloría revisar nuevamente una negativa del Instituto de Previsión Social sobre beneficios para exonerados políticos sin antecedentes nuevos?
En este caso, la Contraloría resolvió no reconocer los beneficios por no aportar el solicitante antecedentes nuevos, y ratificó el dictamen N° 66.677, de 2011. La decisión se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales ya analizados.
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