El Consejo para la Transparencia conoció de solicitudes de amparo presentadas contra un…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció de solicitudes de amparo presentadas contra una municipalidad. En su resolución, el Consejo declaró inadmisibles los amparos, tras concluir que en ellos no se ejercitó el derecho de acceso a la información pública, sino que se invocaron otros derechos. Además, el Consejo encomendó notificar la decisión a las partes y remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República por una eventual infracción a las normas de la Ley N° 20.730, sobre lobby y gestiones de intereses. La resolución fue adoptada por la unanimidad de los miembros presentes del Consejo Directivo y se indicó que en su contra procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días corridos desde la notificación, no siendo procedente el recurso de reposición del artículo 59 de la Ley N° 19.880.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Es admisible una solicitud de amparo ante el Consejo para la Transparencia si no se ejerce el derecho de acceso a la información pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisibles los amparos porque en ellos no se ejercitó el derecho de acceso a la información pública, sino que se invocaron otros derechos.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, el Consejo indicó que en contra de su resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días corridos desde la notificación, y que no es procedente el recurso de reposición del artículo 59 de la Ley N° 19.880.
¿Puede el Consejo para la Transparencia remitir antecedentes a la Contraloría por una eventual infracción a las normas de lobby?
En este caso, el Consejo para la Transparencia encomendó remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República por una eventual infracción a las normas de la Ley N° 20.730, sobre lobby y gestiones de intereses.
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