Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de una funcionaria a contrata que cuestionaba el término de sus funciones y la notificación de un despido y de una medida disciplinaria. El órgano fiscalizador señaló que, conforme a los artículos 10 y 153 de la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, las designaciones a contrata expiran como máximo el 31 de diciembre de cada año, salvo prórroga propuesta con treinta días de anticipación, por lo que el cese de la reclamante operó por mandato de la ley al vencer el plazo de su contratación. Recordó que la procedencia de la prórroga y su duración corresponde a la autoridad administrativa, sin que el ente contralor deba ponderar sus razones para no renovar la contratación. Respecto del despido comunicado por vía telefónica, indicó que no se acompañaron antecedentes que acreditaran esa actuación y que, de haber ocurrido, no afectaría la legalidad del término. En cuanto a la sanción disciplinaria, recordó que en un dictamen anterior se abstuvo de dar curso a la resolución que la aplicaba, por no haberse seguido el procedimiento de notificación del artículo 131 del mismo estatuto.