Funcionario público interpuso recurso de protección contra la resolución que lo rebajó…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023
Resumen
Funcionario público interpuso recurso de protección contra la resolución que lo rebajó del grado 8° al 12° de la Escala Única de Sueldos, modificando su cargo y funciones. Alegó un historial de evaluaciones favorables y ausencia de comunicación de faltas. La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió parcialmente el recurso, ordenando a la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos dictar una nueva resolución que fundamente claramente los antecedentes y argumentos de la medida. El tribunal consideró que el acto carecía de sustento al no expresar los motivos, infringiendo el artículo 41 de la Ley N° 19.880 y la garantía del número 24 del artículo 19 de la Constitución, al privar a la recurrente de su legítimo derecho a mantener su condición contractual.
Normas citadas
Artículo 19, numerales 2° y 24°, Constitución Política de la República
Artículo 20, Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes
¿Un acto administrativo que rebaja de grado a un funcionario público sin expresar sus motivos es válido?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Valdivia sostuvo que no lo es: la resolución carecía de sustento al no expresar los motivos, infringiendo el artículo 41 de la Ley N° 19.880 y la garantía del número 24 del artículo 19 de la Constitución.
¿Puede acogerse un recurso de protección contra la rebaja de grado de un funcionario por falta de fundamentación del acto?
En este caso, el tribunal acogió parcialmente el recurso de protección y ordenó a la autoridad dictar una nueva resolución que fundamente claramente los antecedentes y argumentos de la medida.
¿Qué efecto tiene la falta de motivación de una resolución administrativa sobre la condición contractual de un funcionario?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Valdivia consideró que la falta de motivación privó a la recurrente de su legítimo derecho a mantener su condición contractual, lo que vulneró la garantía del número 24 del artículo 19 de la Constitución.
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