El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por un ex contratado contr…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por un ex contratado contra el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana, que había negado el acceso a un análisis citado en una resolución exenta que puso término a su contratación. El Consejo consideró que la información es pública por constituir el fundamento esencial de un acto administrativo, y ordenó entregar copia del análisis, incluyendo su metodología, herramientas empleadas e informe final. Si el órgano no tiene la información en los términos pedidos, deberá acreditarlo según la Instrucción General N° 10, dentro de 5 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada. La resolución puede ser objeto de reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos desde su notificación.
Normas citadas
Constitución Política de la República
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoGestión y administración territorial (Urbanismo)
Preguntas frecuentes
¿Un órgano del Estado puede negar el acceso a un análisis citado como fundamento de un acto administrativo que pone término a una contratación?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y resolvió que el análisis es información pública, porque constituye el fundamento esencial del acto administrativo, y ordenó entregar copia de él, incluyendo su metodología, herramientas empleadas e informe final.
¿Qué ocurre si el organismo no tiene el análisis en los términos solicitados por la persona?
En este caso, el Consejo resolvió que, si el órgano no tiene la información en los términos pedidos, deberá acreditarlo según la Instrucción General N° 10, dentro de 5 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada.
¿Contra qué resolución del Consejo para la Transparencia procede un reclamo de ilegalidad y en qué plazo?
En este caso, la resolución que acogió el amparo puede ser objeto de reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde su notificación.
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