El Consejo para la Transparencia conoció un amparo interpuesto por un particular en con…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo interpuesto por un particular en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), que buscaba acceder a información sobre la dotación de personal de sus unidades operativas a nivel nacional. La PDI sostuvo que dicha información era reservada, porque su divulgación expondría a sus funcionarios y pondría en riesgo el cumplimiento de sus funciones. El Consejo rechazó el amparo: estimó que el nivel de detalle solicitado supondría una exposición de los funcionarios que podría afectar las labores institucionales de garantizar el orden y la seguridad pública interior, según lo dispuesto en la Constitución. Para ello, se apoyó en un criterio previo fijado en la decisión de amparo, y resolvió por unanimidad de sus miembros presentes. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde su notificación.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Se puede pedir a la PDI información sobre la dotación de personal de sus unidades operativas bajo la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo porque estimó que el nivel de detalle solicitado expondría a los funcionarios y podría afectar la función de garantizar el orden y la seguridad pública interior, por lo que la información se mantuvo reservada.
¿Cuál es el plazo para reclamar de ilegalidad una decisión del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo?
Según esta resolución, contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde la notificación.
¿Puede la PDI alegar que la dotación de personal es información reservada para negar el acceso a un particular?
En este caso, la PDI sostuvo que la información era reservada porque su divulgación pondría en riesgo a sus funcionarios y el cumplimiento de sus funciones, y el Consejo aceptó esa argumentación al rechazar el amparo por unanimidad.
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