Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un exfuncionario de Gendarmería de Chile, quien requería el pago de una indemnización y una pensión de retiro y desahucio. El organismo constató que el cese del interesado, ocurrido tras su destitución en 1991, no fue regularizado mediante un acto administrativo válido, ya que la resolución respectiva fue representada por ese órgano fiscalizador. Además, se determinó que la absolución penal del exfuncionario no excluye la aplicación de sanciones administrativas, y que no se acreditaban las cotizaciones necesarias para acceder a la pensión solicitada. En consecuencia, la Contraloría resolvió que Gendarmería de Chile debe verificar y regularizar el cese del recurrente, si correspondiere, remitiendo el acto administrativo a toma de razón, para luego pronunciarse sobre los beneficios impetrados.