El Consejo para la Transparencia conoció de un recurso de amparo presentado por un part…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció de un recurso de amparo presentado por un particular en contra de la Municipalidad de San Bernardo, a raíz de una solicitud de información sobre multas pagadas. El solicitante alegó que el municipio no derivó oportunamente esa parte de la solicitud al Juzgado de Policía Local competente, lo que a su juicio vulneró el artículo 13 de la Ley de Transparencia y los principios de facilitación y oportunidad. El Consejo determinó que la consulta sobre multas pagadas corresponde al derecho de petición y no al acceso a la información pública, por lo que declaró inadmisible el amparo. Además, encomendó derivar copia de la solicitud al Juzgado de Policía Local de San Bernardo para que se pronuncie sobre las materias propias de su competencia, y recomendó al municipio adoptar medidas para no reiterar la infracción a la normativa de transparencia. Se advirtió que en contra de la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, y no reposición administrativa.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidad
Preguntas frecuentes
¿Es admisible un amparo ante el Consejo para la Transparencia si la solicitud de información se refiere a multas pagadas?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque la consulta sobre multas pagadas corresponde al derecho de petición y no al acceso a la información pública.
¿Qué debe hacer un municipio cuando recibe una solicitud de información que corresponde a un Juzgado de Policía Local?
En este caso, el Consejo para la Transparencia encomendó derivar copia de la solicitud al Juzgado de Policía Local competente para que se pronuncie sobre las materias propias de su competencia.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia en un caso de amparo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia advirtió que en contra de la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, y no reposición administrativa.
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