Constitucional AIIniciar sesión
Inicio›Jurisprudencia›Derecho administrativo
Administrativo

La Contraloría General de la República analizó la juridicidad de la resolución exenta N…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2013

Resumen

La Contraloría General de la República analizó la juridicidad de la resolución exenta N° 42.627, de 2011, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, que autorizó a la empresa GERSA el transporte de residuos no peligrosos y peligrosos, tras una denuncia del M.E.Q.. El organismo concluyó que no se advierte irregularidad en la resolución: el decreto N° 148, de 2003, no exige que la empresa transportista cuente con instalaciones propias para lavado de vehículos o acumulación de sustancias, y la ley N° 18.575 exige procedimientos ágiles y expeditos. Además, los antecedentes presentados no bastaron para acreditar que GERSA manejara residuos peligrosos en la estación de transferencia de Cerro Los Cóndores, cuya calificación ambiental no la faculta para ello. Recordó, sin embargo, que la autoridad sanitaria debe fiscalizar el cumplimiento del decreto N° 148.

Normas citadas

  • dto 148/2003 SALUD art/36 inc/1
  • dto 95/2001 SEPRE art/2 art/3 lt/ñ
  • ley 18575 art/8 inc/2
  • dto 148/2003 SALUD art/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿El transportista de residuos peligrosos debe contar con instalaciones propias para el lavado de vehículos según el decreto 148 de 2003?

En este caso, la Contraloría concluyó que el decreto N° 148, de 2003, no exige que la empresa transportista cuente con instalaciones propias para el lavado de vehículos o la acumulación de sustancias, por lo que no advirtió irregularidad en la autorización sanitaria.

¿La autoridad sanitaria puede autorizar a una empresa para transportar residuos peligrosos si no se acredita que los maneja en una estación de transferencia?

En este caso, la Contraloría señaló que los antecedentes presentados no bastaron para acreditar que la empresa manejara residuos peligrosos en la estación de transferencia, cuya calificación ambiental no la faculta para ello. Recordó además que la autoridad sanitaria debe fiscalizar el cumplimiento del decreto N° 148.

¿Cuál es el alcance de la obligación de los organismos públicos de tramitar con procedimientos ágiles y expeditos en la autorización de transporte de residuos?

En este caso, la Contraloría consideró que la ley N° 18.575 exige procedimientos ágiles y expeditos, y que la resolución que autorizó el transporte de residuos no presentó irregularidades en ese sentido.

Más jurisprudencia de derecho administrativo de 2013 →

Lee el documento completo

Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.

Ver el documento completoYa tengo cuenta

La IA lo lee completo y te responde citando el fallo y la jurisprudencia relacionada.

Te pedimos crear una cuenta gratis para responderte.

Jurisprudencia relacionada

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre si procede autorizar el almac…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2020

  • La Contraloría General de la República se abstuvo de pronunciarse sobre la situación pl…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

  • La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuesto…

    Sentencia · Tribunal Ambiental · 2017

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre a qué organismo corresponde a…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

  • El Segundo Tribunal Ambiental acogió la reclamación de una empresa de gestión de residu…

    Sentencia · Tribunal Ambiental · 2019

Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona

Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.