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La Contraloría General de la República desestimó las solicitudes de reconsideración de…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó las solicitudes de reconsideración de un informe final que cuestionaba la clasificación de una funcionaria municipal en la categoría b) del artículo 5° de la Ley N° 19.378. Se determinó que la inscripción de su título técnico de nivel medio en el Registro Público de Profesionales no le otorga la calidad de profesional exigida por dicha norma, la cual requiere un diploma profesional de una carrera de al menos ocho semestres. La funcionaria, si bien conserva su habilitación para ejercer como contadora, no cumple el requisito específico de la ley del sector salud. En consecuencia, se ordenó a la Municipalidad de Combarbalá regularizar su situación contractual en un plazo de 15 días.

Normas citadas

  • ley 19378 art/6
  • dto 1889/95 SALUD art/10
  • ley 19378 art/5 lt/b
  • dfl 630/81 JUSTI art/2 inc/2
  • dl 3621/81 art/6 inc/fin
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Puede un técnico de nivel medio inscrito en el Registro Público de Profesionales ser clasificado en la categoría b) del artículo 5° de la Ley N° 19.378?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que no, porque la inscripción de un título técnico de nivel medio no otorga la calidad de profesional que exige la norma, la que requiere un diploma profesional de una carrera de al menos ocho semestres.

¿Basta con tener habilitación para ejercer una profesión para cumplir el requisito de la categoría b) de la Ley N° 19.378?

En este caso, la Contraloría determinó que no basta, ya que la funcionaria conservaba su habilitación para ejercer como contadora, pero no cumplía el requisito específico de título profesional que exige la ley del sector salud.

¿Qué debe hacer una municipalidad si una funcionaria del sector salud está mal clasificada en la categoría b) del artículo 5° de la Ley N° 19.378?

En este caso, la Contraloría ordenó a la municipalidad regularizar la situación contractual de la funcionaria en un plazo de 15 días, tras desestimar las solicitudes de reconsideración del informe final.

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