Sentencia del 1° Juzgado de Policía Local de Vitacura que acoge la excepción de incompe…
Sentencia · 1ER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE VITACURA · 2025
Resumen
Sentencia del 1° Juzgado de Policía Local de Vitacura que acoge la excepción de incompetencia planteada por la inmobiliaria demandada, declarándose incompetente para conocer de la querella infraccional y demanda civil por nulidad de contratos de promesa de compraventa y cláusulas abusivas, fundadas en la Ley N°19.496. El tribunal sostiene que los contratos preparatorios de compraventa de viviendas son de naturaleza civil y no quedan comprendidos en el artículo 2 letra e) de dicha ley, norma de excepción que debe aplicarse restrictivamente, sin que el principio pro consumidor permita ampliar su alcance. En consecuencia, ordena ocurrir ante quien corresponda y condena al querellante al pago de las costas, sin pronunciarse sobre las demás excepciones.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 2 Inc. 1 Letra e
Sentencia InterlocutoriaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿La Ley del Consumidor (Ley 19.496) se aplica a los contratos de promesa de compraventa de viviendas?
En este caso, el 1° Juzgado de Policía Local de Vitacura sostuvo que los contratos preparatorios de compraventa de viviendas son de naturaleza civil y no quedan comprendidos en el artículo 2 letra e) de la Ley 19.496. Por eso se declaró incompetente para conocer de la querella y de la demanda sobre estos contratos.
¿Puede el principio pro consumidor ampliar el alcance del artículo 2 letra e) de la Ley 19.496?
No, según este fallo. El tribunal indicó que el artículo 2 letra e) es una norma de excepción que debe aplicarse restrictivamente, por lo que el principio pro consumidor no permite extender su alcance a los contratos de promesa de compraventa.
¿Qué ocurre si un juzgado de policía local se declara incompetente en una demanda por cláusulas abusivas en una promesa de compraventa?
En este caso, el tribunal acogió la excepción de incompetencia planteada por la inmobiliaria, ordenó al demandante ocurrir ante quien corresponda y lo condenó al pago de las costas. No se pronunció sobre las demás excepciones planteadas.
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