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El Consejo para la Transparencia acoge el amparo deducido contra la Municipalidad de Is…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026

Resumen

El Consejo para la Transparencia acoge el amparo deducido contra la Municipalidad de Isla de Maipo y ordena entregar información sobre el bus gratuito difundido en redes municipales. Se establece que la solicitud se ampara en la Ley de Transparencia, pues la información requerida puede desprenderse de registros que el organismo mantiene en su poder, y su elaboración no implica un costo excesivo. Se destaca la relevancia de transparentar el uso de fondos públicos en vehículos municipales, bienes fiscales sujetos a control social. Previamente a la entrega, el órgano deberá tarjar datos personales de contexto, aplicando el principio de divisibilidad. La decisión ordena acreditar la entrega efectiva y advierte sobre sanciones por incumplimiento, incluyendo multas y suspensión del cargo.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 18.695
  • Ley N° 19.628
  • Código Civil
  • Oficio Ord. N° 1102
  • Oficio N° 1345
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Puede una persona pedir al municipio información sobre el uso de un vehículo municipal al amparo de la Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó a la municipalidad entregar la información solicitada sobre un bus municipal, por tratarse de fondos públicos y bienes fiscales sujetos a control social. La información podía desprenderse de registros que el organismo mantiene en su poder.

¿Puede un órgano negarse a entregar información pública alegando que su elaboración resulta costosa?

En este caso, el Consejo estableció que la solicitud era procedente porque su elaboración no implicaba un costo excesivo para el organismo. Por lo tanto, la alegación de costo no fue suficiente para denegar la entrega.

¿Qué debe hacer un órgano público con los datos personales que aparecen en documentos que debe entregar por transparencia?

En este caso, el Consejo ordenó que, antes de la entrega, el órgano tarje los datos personales de contexto, aplicando el principio de divisibilidad. Además, se exigió acreditar la entrega efectiva y se advirtió sobre sanciones, incluidas multas y suspensión del cargo, en caso de incumplimiento.

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