Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una denuncia relativa a actuaciones de un concejal, señalando que carece de potestades sancionatorias y de competencia general para fiscalizar sus actos, pues los concejales no tienen el carácter de funcionarios públicos y no están sujetos a responsabilidad administrativa. No obstante, indicó que les resultan aplicables las normas sobre probidad administrativa de la ley N° 18.575, y que las eventuales contravenciones a dicho principio deben ser conocidas por el Tribunal Electoral Regional respectivo, a requerimiento de cualquier concejal, conforme a los artículos 76, letra f), y 77 de la ley N° 18.695, pudiendo perseguirse solo responsabilidades civiles y penales en sede jurisdiccional.