La Corte Suprema rechazó un recurso de protección interpuesto por un contribuyente cont…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte Suprema rechazó un recurso de protección interpuesto por un contribuyente contra el Servicio de Impuestos Internos (SII) por el bloqueo de su clave de acceso al portal electrónico del organismo. El tribunal consideró que la medida era transitoria y formaba parte de las facultades fiscalizadoras del SII, sin constituir ilegalidad ni arbitrariedad. Se estableció que el bloqueo tenía como único objetivo que el contribuyente aclarara información requerida por el servicio, y que su vigencia dependía de la voluntad del propio contribuyente de aportar los datos solicitados. Por ello, no se advirtió afectación a derechos fundamentales ni a la actividad económica legítima del recurrente.
Normas citadas
Código Tributario
recurso de protecciónServicio de Impuestos Internosfacultades fiscalizadorasbloqueo de clave electrónicariesgo tributarioPlan de Gestión del Cumplimiento Tributarioderecho a desarrollar actividad económicaarbitrariedad administrativa
Preguntas frecuentes
¿El SII puede bloquear la clave de acceso a su portal electrónico de un contribuyente mientras fiscaliza?
En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso de protección y sostuvo que el bloqueo era una medida transitoria dentro de las facultades fiscalizadoras del SII, sin ilegalidad ni arbitrariedad. Su vigencia dependía de que el contribuyente aportara la información requerida.
¿Un bloqueo de clave del SII vulnera derechos fundamentales o la actividad económica de un contribuyente?
En este caso, la Corte Suprema concluyó que el bloqueo no afectó derechos fundamentales ni la actividad económica legítima del recurrente. Lo consideró una medida cuyo único objetivo era que el contribuyente aclarara información solicitada por el servicio.
¿Cuándo se levanta el bloqueo de la clave en el portal del SII según esta sentencia?
En este caso, el tribunal estableció que el bloqueo se mantenía mientras el contribuyente no aportara los datos que el servicio le requirió. Así, la vigencia de la medida quedaba en manos del propio contribuyente.
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