El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Dirección del Tr…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Dirección del Trabajo, ordenando la entrega de información sobre bases de datos del registro de cumplimiento de empresas con la Ley 21.015, en forma mensual y según el detalle solicitado. Se consideró que la información es de naturaleza pública y que el órgano requerido no satisfizo el requerimiento, sin alegar causales de secreto o reserva. En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega, la Dirección del Trabajo deberá tarjar datos personales y sensibles de contexto, conforme a la Ley de Protección de la Vida Privada. La decisión se notificó bajo apercibimiento de sanciones por incumplimiento, incluyendo multas y suspensión del cargo.
Normas citadas
Ley 21.015
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 19.628
Ley N° 18.575
Ley N° 21.025
Código del Trabajo
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Procede acceder vía Ley de Transparencia a bases de datos de cumplimiento de la Ley 21.015 que maneja la Dirección del Trabajo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó entregar la información solicitada, por considerar que es de naturaleza pública y que el órgano no alegó causales de secreto o reserva. La entrega debe hacerse en forma mensual y según el detalle pedido.
¿Puede un organismo público entregar información que contiene datos personales cuando se solicita por transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó aplicar el principio de divisibilidad, por lo que la Dirección del Trabajo debe tarjar los datos personales y sensibles de contexto antes de entregar la información, conforme a la Ley de Protección de la Vida Privada.
¿Qué consecuencias tiene para un órgano público no cumplir una decisión de amparo del Consejo para la Transparencia?
En este caso, la decisión se notificó bajo apercibimiento de sanciones por incumplimiento, que pueden incluir multas y suspensión del cargo para los funcionarios responsables.
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