Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que los afiliados al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, no pueden ser causantes de la asignación por muerte prevista en el decreto con fuerza de ley N° 90, de 1978, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Lo anterior, debido a que quienes, siendo pensionadas del antiguo sistema, se incorporan a una administradora de fondos de pensiones para obtener el bono por hijo nacido vivo, pierden la calidad de causantes de dicha asignación al no cumplir los requisitos del artículo 4° de ese texto normativo. El órgano contralor concluyó que modificar esta situación requeriría un cambio legislativo, lo que escapa a sus competencias.