El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra la Secretaría Regiona…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Ríos, ordenando entregar copia de los oficios remitidos a las secretarías regionales ministeriales de Salud de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, junto con las actas de fiscalización asociadas a un expediente sumarial. Se consideró que la información solicitada es pública y no fue proporcionada, sin que se configurara causal de reserva alguna, y que el requirente tiene calidad de interesado en los procedimientos de fiscalización. La entrega debe realizarse previa reserva de datos personales de contexto, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 19.628
Oficio 10867
Ley N° 18.575
Oficio N° 13096
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Procede el acceso a actas de fiscalización y oficios de un organismo público cuando el solicitante es interesado en el procedimiento?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó entregar los oficios y las actas de fiscalización asociadas a un expediente sumarial, porque la información es pública, no se configuró causal de reserva y el requirente tiene calidad de interesado en los procedimientos de fiscalización.
¿Puede un organismo público negarse a entregar información pública alegando que no existe una causal de reserva expresa?
En este caso, el Consejo sostuvo que la información solicitada es pública y que no se configuró ninguna causal de reserva, por lo que la falta de entrega fue considerada ilegítima y se ordenó su entrega.
¿Qué debe hacer un organismo cuando debe entregar información que contiene datos personales?
En este caso, el Consejo ordenó la entrega previa reserva de los datos personales de contexto, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal.
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