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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad cont…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, que regula el control de armas. La parte requirente sostenía que la norma vulneraba garantías constitucionales, pero el Tribunal concluyó que su aplicación en la gestión pendiente no resulta contraria a la Carta Fundamental. El fallo razona que el artículo 103 de la Constitución establece un régimen de autorización previa para la posesión de armas, regulado por ley de quórum calificado, y que ello no implica una atenuación de las garantías del artículo 19, como la igualdad ante la ley y el debido proceso. Así, se descarta la infracción alegada y se rechaza la impugnación en lo sustancial.

Normas citadas

  • artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
Tribunal ConstitucionalINA

Preguntas frecuentes

¿El régimen de autorización previa para la posesión de armas vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso en Chile?

No, según este fallo del Tribunal Constitucional. El tribunal sostuvo que el artículo 103 de la Constitución establece un régimen de autorización previa para la posesión de armas, regulado por ley de quórum calificado, y que ello no atenúa las garantías del artículo 19, como la igualdad ante la ley y el debido proceso.

¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable el artículo 17 B de la Ley de Control de Armas por infringir la Constitución?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento de inaplicabilidad, pero concluyó que la aplicación del artículo 17 B, inciso segundo, en la gestión pendiente no resulta contraria a la Carta Fundamental. Por ello, rechazó la impugnación en lo sustancial.

¿Qué razonamiento usa el Tribunal Constitucional para descartar una infracción constitucional en materia de control de armas?

En este caso, el tribunal razonó que el artículo 103 de la Constitución establece un régimen de autorización previa para la posesión de armas, regulado por ley de quórum calificado. Concluyó que ese régimen no implica una atenuación de las garantías del artículo 19, por lo que descartó la infracción alegada.

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