La Contraloría General de la República representó la resolución N° 365, de 2015, de la…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República representó la resolución N° 365, de 2015, de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, que sobreseía un procedimiento sumarial relacionado con el uso de recursos institucionales para financiar pólizas de fidelidad funcionaria de catorce empleados contratados bajo el Código del Trabajo. El órgano contralor determinó que dicha decisión no se ajustaba a derecho, pues el personal regido por el Código del Trabajo en esa entidad tiene el carácter de funcionario público, y si custodia fondos fiscales, debe rendir caución conforme al artículo 68 de la ley N° 10.336. Por ello, ordenó reabrir el proceso disciplinario para que la superioridad revalúe los hechos y determine eventuales responsabilidades administrativas, debiendo remitir copia a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía en un plazo de 15 días hábiles.
Normas citadas
Ley 10336 art/68
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Los trabajadores de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional contratados bajo el Código del Trabajo son funcionarios públicos?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que el personal regido por el Código del Trabajo en esa entidad tiene el carácter de funcionario público. Por ello, la decisión de sobreseer el procedimiento sumarial no se ajustaba a derecho.
¿Deben rendir caución los funcionarios que custodian fondos fiscales según el artículo 68 de la Ley 10.336?
En este caso, la Contraloría indicó que si el personal custodia fondos fiscales debe rendir caución conforme al artículo 68 de la ley N° 10.336. Ese es el fundamento que usó para cuestionar el sobreseimiento de la investigación sobre pólizas de fidelidad.
¿Qué ocurre cuando la Contraloría determina que un sobreseimiento sumarial no se ajustó a derecho?
En este caso, la Contraloría ordenó reabrir el proceso disciplinario para que la superioridad revalúe los hechos y determine eventuales responsabilidades administrativas. También ordenó remitir copia a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía en un plazo de 15 días hábiles.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
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