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La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección interpuesto por ciudadanos ven…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024

Resumen

La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección interpuesto por ciudadanos venezolanos contra la Subsecretaría del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones, por la demora en pronunciarse sobre su solicitud de regularización migratoria. Los recurrentes alegaban vulneración del derecho a igualdad ante la ley y violación de plazos de la Ley N° 19.880. El tribunal consideró que la regularización migratoria es una facultad discrecional de la autoridad, no una obligación legal, y que la solicitud se encontraba en etapa de decisión desde septiembre, sin que existiera conducta arbitraria o ilegal que justificara acoger la acción cautelar.

Normas citadas

  • Artículo 19 N°2 Constitución Política de la República
  • Ley N° 19.880 (Bases de los Procedimientos Administrativos)
  • Ley N° 21.325 (Ley de Migración y Extranjería)
  • Decreto Supremo N° 296 de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública
  • Artículos 69 inciso 2 y 155 N°8 Ley N° 21.325
  • Artículos 4, 7, 17 literal a) y 27 Ley N° 19.880
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Preguntas frecuentes

¿Puede acogerse un recurso de protección por demora en resolver una solicitud de regularización migratoria en Chile?

En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso porque consideró que la regularización migratoria es una facultad discrecional de la autoridad y que la solicitud estaba en etapa de decisión, sin conducta arbitraria o ilegal.

¿La regularización migratoria es un derecho que la autoridad debe otorgar siempre?

En este caso, la Corte de Apelaciones sostuvo que la regularización migratoria no es una obligación legal sino una facultad discrecional de la autoridad, por lo que no puede exigirse su otorgamiento mediante protección.

¿Se vulnera el derecho a igualdad ante la ley por demorar la decisión sobre una solicitud migratoria?

En este caso, la Corte de Apelaciones desestimó la alegación de vulneración de la igualdad ante la ley y de los plazos de la Ley N° 19.880, al constatar que el procedimiento se encontraba en etapa de decisión y sin ilegalidad acreditada.

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