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La Corte de Apelaciones de La Serena conoció un recurso de protección presentado por un…

Sentencia · Corte Suprema · 2024

Resumen

La Corte de Apelaciones de La Serena conoció un recurso de protección presentado por una ciudadana venezolana contra el Servicio Nacional de Migraciones, por la demora en resolver su solicitud de permanencia definitiva. La recurrente alegaba vulneración de la igualdad ante la ley y el incumplimiento de los plazos de la Ley 19.880. El tribunal constató que la documentación acompañada se refería a una solicitud de residencia temporaria y que el organismo informó haberla otorgado mediante resolución exenta de diciembre de 2020, subsanando lo pedido. Concluyó que no existía una medida urgente que adoptar por esta vía cautelar ni un acto ilegal o arbitrario del servicio, por lo que rechazó el recurso sin costas.

Normas citadas

  • Artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República
  • Ley 19.880 - artículos 4, 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27
  • Auto Acordado sobre Recurso de Protección
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Preguntas frecuentes

¿Procede el recurso de protección por demora de la Administración en resolver una solicitud de residencia si el organismo ya la resolvió?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que no procedía acoger el recurso, porque el organismo informó haber otorgado lo pedido mediante resolución, subsanando la demora, y no se constató un acto ilegal o arbitrario. Por eso se rechazó el recurso sin costas.

¿Qué debe probar quien recurre de protección por incumplimiento de los plazos de la Ley 19.880 en un trámite migratorio?

En este caso, la Corte Suprema concluyó que la documentación acompañada se refería a una solicitud distinta, de residencia temporaria, por lo que no acreditaba la vulneración alegada. El recurso fue rechazado sin que se analizara el fondo del plazo.

¿Puede una persona extranjera alegar igualdad ante la ley frente al Servicio Nacional de Migraciones por la demora en su solicitud de permanencia definitiva?

En este caso, la Corte Suprema no acogió la alegación de igualdad ante la ley, pues no existía una medida urgente que adoptar por esta vía cautelar ni un acto arbitrario del servicio. Se rechazó el recurso sin costas.

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