Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la conformación de las comisiones evaluadoras de licitaciones públicas reguladas por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, específicamente el inciso quinto de su artículo 37. El dictamen concluye que no resulta ajustado a derecho que los agentes públicos, contratados a honorarios, integren dichas comisiones en calidad de funcionarios públicos. Explica que la calidad de agente público nace de una contratación a honorarios y sólo implica que se les pueda exigir responsabilidad administrativa, sin que adquieran la condición jurídica de funcionario público regido por el Estatuto Administrativo. Por ello, la participación de personas ajenas a la administración sólo procede de manera excepcional, fundada y en un número inferior al de funcionarios públicos, criterio que el órgano reafirma citando su jurisprudencia previa.