La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de protección interpuesto por u…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de protección interpuesto por una madre en representación de su hija menor de edad, diagnosticada con fibrosis quística severa, contra FONASA por negarse a proporcionar el fármaco Trikafta. El tribunal consideró que la negativa, basada en razones económicas, vulneraba el derecho a la vida y la integridad física de la menor, consagrados en el artículo 19 N°1 de la Constitución. Se ordenó a FONASA realizar las gestiones necesarias para adquirir y suministrar el medicamento mientras el médico tratante lo determine, por ser indispensable para la sobrevida de la paciente y no poder costearlo su familia.
Normas citadas
Artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República
fibrosis quísticaderecho a la vidamedicamento Trikaftarecurso de protecciónFONASAderechos fundamentalessalud públicamenor de edad
Preguntas frecuentes
¿Puede un tribunal ordenar a FONASA entregar un medicamento de alto costo si la negativa se funda en razones económicas?
En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de protección y sostuvo que negar el fármaco por razones económicas vulneraba el derecho a la vida y a la integridad física del paciente, ordenando a FONASA gestionar su adquisición y suministro.
¿Es procedente el recurso de protección para exigir el acceso a un tratamiento médico indispensable para la sobrevida de un menor?
La Corte de Apelaciones de San Miguel consideró procedente el recurso de protección, porque el medicamento era indispensable para la sobrevida de la menor y su familia no podía costearlo, lo que afectaba su derecho a la vida consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución.
¿Hasta cuándo debe FONASA suministrar un medicamento ordenado por una Corte de Apelaciones?
Según el fallo, FONASA debe suministrar el medicamento mientras el médico tratante lo determine como necesario para el tratamiento. La Corte de Apelaciones de San Miguel fijó así la duración de la obligación según el criterio clínico del profesional tratante.
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