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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó una acción de protección presentada contra…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó una acción de protección presentada contra el Ministerio de Salud y FONASA por la negativa a financiar el medicamento Trikafta a una paciente con fibrosis quística. El tribunal concluyó que no existió ilegalidad ni arbitrariedad, ya que la autoridad no está obligada legal ni reglamentariamente a financiar dicho fármaco. Señaló que FONASA ejerce una potestad reglada, limitada por las leyes 20.850 y 19.966, y que no puede financiar medicamentos no incorporados expresamente al Sistema de Protección Financiera para tratamientos de alto costo. Asimismo, afirmó que, por la separación de poderes, el Poder Judicial no puede fijar políticas públicas de financiamiento ni ordenar gastos de fondos públicos no autorizados por ley, y que el diagnóstico grave de la recurrente no fue causado por el actuar del Estado. Por ello, rechazó la acción constitucional, sin costas.

Normas citadas

  • Ley 20.850
  • Ley 19.966
  • Decreto Supremo N° 121
  • Decreto Supremo N° 13
  • DFL 1
acción de protecciónfibrosis quísticaTrikaftaderecho a la saludprincipio de legalidadpotestad regladaseparación de poderestratamientos de alto costo

Preguntas frecuentes

¿Puede FONASA financiar un medicamento de alto costo que no está incorporado expresamente al sistema de protección financiera?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que FONASA ejerce una potestad reglada y no puede financiar medicamentos no incorporados expresamente al Sistema de Protección Financiera para tratamientos de alto costo.

¿Es arbitrario o ilegal que el Ministerio de Salud y FONASA nieguen el financiamiento de un fármaco no incluido en la ley?

En este caso, el tribunal concluyó que no existió ilegalidad ni arbitrariedad, ya que la autoridad no está obligada legal ni reglamentariamente a financiar dicho fármaco.

¿Puede el Poder Judicial ordenar al Estado financiar un medicamento no autorizado por ley?

En este caso, la Corte afirmó que, por la separación de poderes, el Poder Judicial no puede fijar políticas públicas de financiamiento ni ordenar gastos de fondos públicos no autorizados por ley.

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