El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra Carabineros de Chil…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra Carabineros de Chile y le ordenó entregar la hoja de vida de un ex funcionario de la institución. La decisión se fundó en que la probidad y la transparencia de la función pública son obligaciones de rango constitucional, que obligan a los órganos de la Administración del Estado a dar cuenta de las actuaciones de sus funcionarios. En aplicación del principio de divisibilidad, se ordenó tarjar los datos personales de contexto, así como las sanciones que hubieran prescrito o se encontraran efectivamente cumplidas, especificando estas circunstancias, conforme a la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Se fijó un plazo de 10 días hábiles para cumplir y acreditar la entrega, bajo apercibimiento legal. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOrden y Seguridad Interior
Preguntas frecuentes
¿Un órgano de la Administración del Estado debe entregar la hoja de vida de un funcionario público que ya no trabaja en él?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó a Carabineros entregar la hoja de vida de un ex funcionario, por considerar que la probidad y la transparencia de la función pública son obligaciones de rango constitucional.
¿Qué datos de una hoja de vida de un funcionario público pueden ser tarjados al entregarla por transparencia?
Según esta resolución, se ordenó tarjar los datos personales de contexto y las sanciones que hubieran prescrito o estuvieran efectivamente cumplidas, especificando esas circunstancias, aplicando el principio de divisibilidad y la Ley 19.628.
¿Contra una resolución del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información procede algún recurso?
En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, y fijó un plazo de 10 días hábiles para cumplir y acreditar la entrega.
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