La Contraloría General de la República desestimó las pretensiones de las recurrentes, q…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República desestimó las pretensiones de las recurrentes, quienes reclamaban el pago de desahucios tras su cese en un municipio. Se determinó que, al haberse acogido al sistema de capitalización individual del decreto ley N° 3.500, dejaron de estar regidas por las reglas sobre desahucio, salvo que hubieran optado expresamente por mantener ese beneficio, lo que no acreditaron. Además, en el caso de una de ellas, el plazo de prescripción de cinco años para reclamar el pago ya había transcurrido en exceso desde su desvinculación. Por ello, no les corresponden los beneficios indemnizatorios reclamados.
Normas citadas
ley 11469 art/56
dl 3501/80 art/19
dl 3501/80 art/13 num/1
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Tienen derecho a desahucio los funcionarios municipales que se incorporaron al sistema de capitalización individual del decreto ley 3.500?
En este caso, la Contraloría General de la República resolvió que quienes se acogieron al sistema de capitalización individual dejaron de estar regidas por las reglas sobre desahucio, salvo que hubieran optado expresamente por mantener ese beneficio, lo que no acreditaron. Por ello, no les correspondía el pago.
¿Prescribe el derecho a reclamar el pago de desahucio después de cinco años desde la desvinculación?
En este caso, la Contraloría sostuvo que el plazo de prescripción de cinco años para reclamar el pago ya se había cumplido con creces desde la desvinculación de una de las recurrentes, por lo que su pretensión no podía prosperar.
¿Qué sucede si un funcionario municipal reclama desahucio tras su cese sin acreditar que optó por mantener ese beneficio?
En este caso, la Contraloría General de la República desestimó la reclamación de las recurrentes, porque no acreditaron haber optado expresamente por mantener el desahucio tras acogerse a la capitalización individual, y así no les correspondían los beneficios indemnizatorios reclamados.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
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