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El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad del artículo 96…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad del artículo 96 del Código Penal, que regula la suspensión de la prescripción penal. La mayoría sostuvo que dicha suspensión no vulnera el derecho a un proceso racional y justo ni a ser juzgado en un plazo razonable, pues el proceso no se había paralizado por más de tres años y existía actividad procesal constante. Se argumentó que la prescripción no es un parámetro absoluto de razonabilidad y que corresponde a los jueces del fondo determinar si hubo paralización. Además, se constató que la gestión pendiente ya había sido resuelta antes de la suspensión dispuesta por el Tribunal, lo que tornó inútil la acción.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 9, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 24
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadAdministracion PublicaAfectacion De Los Derechos En Su EsenciaDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesDerecho Al EmplazamientoDerechos Implicitos

Preguntas frecuentes

¿La suspensión de la prescripción penal del artículo 96 del Código Penal vulnera el derecho a un proceso racional y justo o a ser juzgado en un plazo razonable?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que no, porque el proceso no estuvo paralizado por más de tres años y tuvo actividad procesal constante. Además, indicó que la prescripción no es un parámetro absoluto de razonabilidad.

¿Quién debe determinar si hubo paralización del proceso penal para efectos de la suspensión de la prescripción?

En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que corresponde a los jueces del fondo determinar si hubo paralización del proceso.

¿Procede el requerimiento de inaplicabilidad si la gestión pendiente ya fue resuelta antes de que el tribunal suspendiera el procedimiento?

En este caso, el Tribunal Constitucional constató que la gestión pendiente ya había sido resuelta antes de la suspensión dispuesta por el Tribunal, por lo que la acción resultó inútil y fue rechazada.

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