La Corte Suprema rechazó el recurso de queja interpuesto por una AFP en contra de minis…
Sentencia · Corte Suprema · 2022
Resumen
La Corte Suprema rechazó el recurso de queja interpuesto por una AFP en contra de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y un fiscal judicial, quienes habían desestimado un reclamo de ilegalidad contra una decisión del Consejo para la Transparencia. Dicha decisión había acogido una solicitud de acceso a información pública presentada por un particular. El Tribunal Constitucional, conociendo de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la AFP respecto de normas de la Ley de Acceso a la Información Pública, declaró que la acción de inaplicabilidad se había tornado inútil, pues la gestión pendiente (el recurso de queja) ya había sido resuelta antes de que se decretara la suspensión del procedimiento. El Tribunal concluyó que, si bien la acción fue deducida en tiempo, las actuaciones posteriores del juez de fondo impidieron su eficacia, correspondiendo a los tribunales garantizar el acceso oportuno a esta acción constitucional.
Normas citadas
Ley N° 20.285, Artículo 5°, inciso segundo
Ley N° 20.285, Artículo 10, inciso segundo
acceso a información públicatransparenciainaplicabilidad por inconstitucionalidadLey N° 20.285función públicaderechos fundamentalesConsejo para la Transparenciagestión pendiente
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se vuelve inútil una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en materia de acceso a información pública?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que la acción de inaplicabilidad se había tornado inútil porque la gestión pendiente, el recurso de queja, ya había sido resuelta antes de decretarse la suspensión del procedimiento. Aunque la acción se dedujo en tiempo, las actuaciones posteriores del juez de fondo impidieron su eficacia.
¿Qué deben garantizar los tribunales respecto de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que corresponde a los tribunales garantizar el acceso oportuno a esta acción constitucional. El fallo señala que las actuaciones del juez de fondo que impidieron la eficacia de la acción no bastaron para cumplir con dicha obligación.
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