Resumen
El Consejo para la Transparencia acoge el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenando al órgano recurrido informar al reclamante sobre la existencia o inexistencia de un decreto de expulsión en su contra y, en caso afirmativo, entregar copia de dicho acto administrativo. Se estima que la información solicitada fue elaborada por la Administración y se refiere al propio solicitante, por lo que el órgano estaba en posición de pronunciarse conforme al marco normativo aplicable. Dado que los datos son de carácter personal, la entrega se condiciona a la previa acreditación de identidad del requirente, recomendándose un medio alternativo a la entrega personal. Además, se previene que el incumplimiento de lo ordenado puede acarrear las sanciones previstas en la Ley de Transparencia, y se notifica la decisión a las partes, procediendo en su contra el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.