La Contraloría General de la República desestimó las irregularidades denunciadas por un…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Resumen
La Contraloría General de la República desestimó las irregularidades denunciadas por un abogado que se desempeñaba a honorarios en la Subsecretaría de Prevención del Delito, respecto de la solicitud de renuncia que se le exigió para efectuar su traspaso a la planta a contrata. El ente contralor verificó que el funcionario cumplía con la antigüedad mínima exigida por la ley N° 20.948 y que, al tratarse de una convención, se requería su consentimiento para poner término a la vinculación a honorarios. Por ello, no se advirtió ilegalidad en la exigencia de renuncia voluntaria, y el adelantamiento de fechas del proceso se consideró una decisión de mérito propia de la autoridad.
Normas citadas
ley 20948 art/18 inc/1
ley 20948 art/18 inc/2 num/3
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Es ilegal exigir la renuncia a un funcionario a honorarios para traspasarlo a la planta o a contrata en la Subsecretaría de Prevención del Delito?
En este caso, la Contraloría General de la República desestimó la denuncia, porque verificó que el funcionario cumplía con la antigüedad mínima exigida por la ley N° 20.948 y que, al tratarse de una convención, se requería su consentimiento para poner término a la vinculación a honorarios. Por ello, no advirtió ilegalidad en la exigencia de renuncia voluntaria.
¿Puede la autoridad adelantar las fechas de un proceso de traspaso de funcionarios a honorarios a la planta o a contrata?
En este caso, la Contraloría consideró que el adelantamiento de fechas del proceso era una decisión de mérito propia de la autoridad, por lo que no la objetó como ilegal.
¿Qué pasa si un funcionario a honorarios denuncia irregularidades en su proceso de traspaso a la planta o a contrata?
En este caso, la Contraloría General de la República resolvió que las irregularidades denunciadas no eran efectivas, por lo que las desestimó. El organismo verificó los requisitos legales y el consentimiento del funcionario antes de descartar la ilegalidad.
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