Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una funcionaria del Servicio de Salud que pretendía acceder a la bonificación de la ley N° 20.305. El beneficio exige, entre otros requisitos copulativos, haberse desempeñado en los órganos o servicios públicos señalados, o en sus antecesores legales, con anterioridad al 1 de mayo de 1981. Según los registros del organismo, la interesada había servido en el Servicio de Salud desde 1991 hasta 2009, pero su período previo, entre 1980 y 1989, lo cumplió en la ex Corporación Privada de Desarrollo Social Lautaro, entidad que tenía la calidad de empleador particular y no formaba parte de la Administración del Estado, por lo que ese servicio no puede asimilarse al ejercicio de un cargo público. En consecuencia, la Contraloría concluyó que la solicitante no cumple el requisito del numeral 1 del artículo 2° de la ley y no puede acceder a la bonificación.