La Contraloría General de la República se pronunció sobre una reclamación en contra de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2013
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una reclamación en contra de la decisión de la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, que declaró vigente un permiso de edificación. El reclamante sostenía que el permiso había caducado por paralización de obras por más de tres años. La SEREMI, tras una visita inspectiva, constató que se habían ejecutado trazados, excavaciones y fundaciones, por lo que consideró que las obras se habían iniciado y que no concurrían los supuestos de caducidad. La Contraloría, aplicando el artículo 1.4.17 de la OGUC y la Ley General de Urbanismo y Construcciones, determinó que la apreciación de los hechos corresponde a la Administración activa y que la decisión impugnada se encontraba debidamente fundamentada y ajustada a derecho, por lo que no acogió la reclamación.
Normas citadas
dto 47/92 Vivie art/1/4/17
dfl 458/75 Vivie art/4
dfl 458/75 Vivie art/12
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Cuándo caduca un permiso de edificación en Chile por paralización de las obras?
En este caso, la Contraloría sostuvo que la caducidad se analiza según los hechos constatados por la Administración, y que la SEREMI verificó trazados, excavaciones y fundaciones, por lo que consideró que las obras se habían iniciado y no procedía declarar la caducidad.
¿Quién debe apreciar si las obras de un permiso de edificación se iniciaron o están paralizadas?
En este caso, la Contraloría determinó que la apreciación de los hechos corresponde a la Administración activa, y que la SEREMI, tras una visita inspectiva, podía concluir que las obras estaban iniciadas y el permiso vigente.
¿Puede la Contraloría revisar la decisión de una SEREMI que declara vigente un permiso de edificación?
En este caso, la Contraloría revisó la reclamación contra la decisión de la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, y la rechazó por considerar que la resolución estaba debidamente fundamentada y ajustada a derecho.
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