La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto por la…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto por la Federación Aérea de Chile contra una decisión del Consejo para la Transparencia. El reclamo impugnaba la reserva de un informe técnico de la OACI solicitado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, denegado por afectar el debido funcionamiento del órgano. La Corte confirmó la legalidad de la reserva, señalando que la afectación se evalúa ex ante y que la Dirección logró vencer la presunción legal de publicidad al justificar el perjuicio a los derechos de las personas o al interés de la nación. Descartada toda ilegalidad, se rechazó el arbitrio, sin costas.
Normas citadas
Ley 20.285
Artículo 21 de la Ley 20.285
Ley 16.752
Artículo 1 de la Ley 16.752
Decreto Supremo N° 106
Ley 18.916
Decreto Supremo N° 509
Artículo 24 de la Ley 20.285
Preguntas frecuentes
¿Puede un organismo público negar el acceso a un informe técnico alegando que su divulgación afectaría el debido funcionamiento del órgano?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que la Dirección General de Aeronáutica Civil pudo reservar un informe técnico de la OACI. La Corte sostuvo que la afectación se evalúa ex ante y que el organismo justificó el perjuicio, venciendo la presunción de publicidad.
¿Cómo se evalúa si la publicidad de un documento administrativo causa perjuicio para declarar su reserva?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que la afectación se evalúa ex ante, es decir, al momento de decidir la reserva. Además, consideró que el organismo debía justificar el perjuicio a los derechos de las personas o al interés de la nación.
¿Procede un reclamo de ilegalidad contra una decisión del Consejo para la Transparencia que confirma la reserva de información?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Federación Aérea de Chile contra la decisión del Consejo para la Transparencia. La Corte descartó cualquier ilegalidad y no impuso costas.
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