La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de un trabajador…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de un trabajador contratado a honorarios por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El dictamen establece que el contrato válido y vinculante fue el aprobado mediante el decreto exento N° 2.222, de 2014, que fijó la prestación de servicios desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2014. Se descartó la validez de otro decreto que pretendía extender el período, por no haber sido suscrito por la autoridad competente. En consecuencia, el trabajador debió laborar solo hasta el 31 de marzo de 2014, y los honorarios adeudados hasta esa fecha se encuentran en proceso de pago por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
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Preguntas frecuentes
¿Es válido un decreto que extiende un contrato a honorarios en la administración pública si no fue suscrito por la autoridad competente?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que no es válido. Descartó un decreto que pretendía extender el período de un contrato a honorarios por no haber sido suscrito por la autoridad competente, y solo consideró vinculante el decreto aprobado originalmente.
¿Hasta cuándo debe pagarse la prestación de servicios a honorarios si el contrato original tenía un plazo fijo?
En este caso, la Contraloría determinó que el trabajador solo debió laborar hasta la fecha de término fijada en el decreto original, por lo que los honorarios adeudados se limitan a ese período. Los pagos correspondientes se encuentran en proceso por parte del organismo respectivo.
¿Qué decreto prevalece cuando existen dos actos administrativos que regulan un mismo contrato a honorarios?
En este caso, la Contraloría sostuvo que prevalece el decreto exento aprobado originalmente, que fijó la prestación de servicios para un período determinado. El otro decreto, que pretendía ampliar ese período, fue descartado por falta de suscripción de la autoridad competente.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
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