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El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 1° inciso segundo de la Ley N° 18.216, que restringe la facultad del juez en la etapa de ejecución para conceder penas sustitutivas. Los requirentes, imputados por tráfico de drogas en pequeñas cantidades y tenencia de municiones, sostuvieron que la norma vulneraba la igualdad ante la ley y la proporcionalidad de las penas. El Tribunal rechazó el requerimiento. Razonó que la inaplicabilidad es un control concreto y que, en el caso, los delitos imputados quedan dentro de la potestad del legislador para excluir el acceso a penas sustitutivas, dado el mayor reproche que contienen, sin que la disposición resulte desproporcionada ni discriminatoria. Agregó que la eventual pena que pudiere decretarse corresponde determinarla al tribunal penal competente y no a esa Magistratura.

Normas citadas

  • artículo 19, inciso primero, numeral 2
  • artículo 19, inciso sexto, numeral 3
  • artículo 1, de Ley N° 18.216
  • artículo 2, de Ley N° 18.216
  • artículo 17 B, de Ley N° 17.798
Tribunal ConstitucionalINAPrincipio de proporcionalidad de la PenaDeterminación de la penaReinserción socialley de control de armaspenas sustitutivasDebido Proceso

Preguntas frecuentes

¿Puede un juez en la etapa de ejecución conceder penas sustitutivas a condenados por tráfico de drogas en pequeñas cantidades?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que los delitos imputados quedan dentro de la potestad del legislador para excluir el acceso a penas sustitutivas, dado su mayor reproche.

¿Vulnera la igualdad ante la ley la norma que restringe las penas sustitutivas para ciertos delitos?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó que la disposición resulte desproporcionada o discriminatoria, al estimar que la exclusión de penas sustitutivas para esos delitos corresponde a la potestad del legislador.

¿Le corresponde al Tribunal Constitucional determinar la pena aplicable a un imputado?

En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que la eventual pena que pudiere decretarse corresponde determinarla al tribunal penal competente y no a esa Magistratura.

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