La Contraloría General de la República rechazó la pretensión de un funcionario público…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2017
Resumen
La Contraloría General de la República rechazó la pretensión de un funcionario público que solicitó acogerse a la protección establecida en el artículo 61, letra k), del Estatuto Administrativo, por haber denunciado irregularidades en su proceso de calificación. El órgano contralor reconoció que la junta calificadora no fundamentó debidamente el puntaje asignado, pero estimó que ello solo constituye un vicio del proceso calificatorio y no una irregularidad en los términos que la norma exige para otorgar dicha protección, cuya finalidad es resguardar a quienes denuncian de buena fe faltas graves a la probidad. Asimismo, no se acreditó animadversión de los integrantes del cuerpo colegiado. Finalmente, se desestimó la solicitud de instruir un sumario, pues compete a la autoridad con potestad sancionadora ponderar si los hechos son susceptibles de sanción disciplinaria.
Normas citadas
ley 18834 art/46
ley 18834 art/90A
ley 18834 art/61 lt/k
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Un funcionario público que denuncia irregularidades en su calificación queda protegido por el artículo 61 letra k) del Estatuto Administrativo?
En este caso, la Contraloría rechazó la protección porque la falta de fundamentación del puntaje constituye solo un vicio del proceso calificatorio, no una irregularidad de las que exige la norma para otorgar el resguardo a quienes denuncian de buena fe faltas graves a la probidad.
¿Un vicio de fundamentación en la junta calificadora basta para acreditar persecución o animadversión contra el funcionario?
En este caso, la Contraloría reconoció que la junta no fundamentó debidamente el puntaje, pero no acreditó animadversión de los integrantes del cuerpo colegiado, por lo que no se configuró la situación de represalia que la protección busca evitar.
¿Puede la Contraloría obligar a instruir un sumario administrativo a solicitud de un funcionario?
En este caso, la Contraloría desestimó la solicitud de instruir un sumario, sosteniendo que corresponde a la autoridad con potestad sancionadora ponderar si los hechos son susceptibles de sanción disciplinaria.
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